Guía sobre la subasta judicial de inmuebles en copropiedad

Subasta inmuebles copropiedad

Ser dueño de un inmueble en régimen de copropiedad es una situación que puede crear inconvenientes entre los comuneros, y que por eso el ordenamiento jurídico entiende como temporal.

Por ese motivo, la ley facilita a los copropietarios la opción de solicitar la disolución de la comunidad dividiendo el inmueble o vendiéndolo, lo que se podrá hacer por la vía de la subasta judicial, entre otras.

En esta guía vamos a ver en qué consiste la subasta judicial de inmuebles en copropiedad y en qué casos se debe recurrir a ella. 

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¿Qué es la subasta judicial de un inmueble en copropiedad?

La subasta judicial es un medio de venta forzosa de bienes muebles e inmuebles por el que se ofrecen públicamente a cualquier interesado, de modo que el bien se adjudica al postor que ofrece la mejor puja.

Cuando existe un bien inmueble en copropiedad, y no se puede dividir entre los copropietarios, puede ser necesario recurrir a su venta, y si los comuneros no se ponen de acuerdo sobre a quién y cómo venderlo, la forma de hacerlo será por medio de la subasta judicial.

¿Cuándo deben los copropietarios de un bien inmueble recurrir a la subasta judicial?

Antes de entrar a analizar en qué consiste el procedimiento de subasta judicial, conviene aclarar cuándo es necesario recurrir a la subasta judicial.

El artículo 400 del Código Civil establece la facultad de cualquier copropietario de pedir en cualquier momento que se divida la cosa común, y por tanto, los demás tendrán que aceptarlo si uno de ellos lo solicita.

El problema es que no siempre se puede dividir la cosa común, y en el caso de un inmueble puede ser especialmente complicado. En ese caso, los copropietarios pueden decidir que se adjudique el inmueble a uno de ellos, a cambio de compensar económicamente al resto, o que se venda, con el fin de repartir el dinero entre todos.

Cuando no hay acuerdo entre los copropietarios sobre la adjudicación a uno de ellos o sobre las condiciones de la venta, es cuando hay que acudir a un procedimiento judicial para vender el inmueble en pública subasta.

Además, de acuerdo con el artículo 1062 del Código Civil, bastará con que uno solo de los copropietarios pida la venta del inmueble en pública subasta, con admisión de licitadores extraños, para que se haga así.

El artículo se refiere a los herederos de un bien en copropiedad, pero es aplicable a cualquier situación que haya podido generar esa situación de comunidad.

¿Cuándo se entiende que el bien inmueble es indivisible?

Como hemos dicho, habrá que recurrir a la subasta judicial cuando el inmueble sea indivisible y no exista acuerdo entre los copropietarios sobre la adjudicación o la venta. 

El propio Código Civil aclara cuándo se entiende que un bien es indivisible:

  • Cuando es esencialmente indivisible (artículo 404), es decir, no es posible dividirlo físicamente sin destruirlo o sin que pierda su esencia.
  • Cuando, aun siendo divisible físicamente, la división supondría que quedara inservible para el uso al que está destinado (artículo 401). Es lo que ocurre con un terreno agrícola que necesita una superficie mínima para resultar rentable o para que la parcela sea legal, por ejemplo.

Además, la doctrina y la jurisprudencia añaden otro motivo: cuando el bien, como consecuencia de la división, sufra una reducción excesiva en su valor económico, o, como establece el artículo 1062, cuando desmerezca mucho por su división. 

¿Qué límites existen a la posibilidad de disolver la copropiedad?

El artículo 400.2 del Código Civil establece un límite a la posibilidad de pedir la división de la cosa común, lo que hay que entender como la imposibilidad de pedir la disolución de la copropiedad, sea o no divisible el inmueble.

Así, no se podrá solicitar la división de la cosa común si existe algún pacto de indivisión entre los copropietarios, que no excederá de 10 años, si bien, llegado el plazo, se podrá prorrogar por un nuevo acuerdo entre los comuneros.

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¿En qué consiste el procedimiento de subasta judicial de un bien inmueble en copropiedad?

El procedimiento para dividir el inmueble en común no está regulado como tal en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero se menciona como una posibilidad a tramitar por el juicio verbal en el artículo 251.3.ª.6.º, mientras que el procedimiento de subasta pública está contemplado en los artículos 643 y siguientes.

El procedimiento se inicia con la presentación de la demanda para ejercitar la acción de división de la cosa común (actio communi dividundo), que, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo por las partes, se resolverá por el juez determinando la venta del inmueble en pública subasta.

A continuación, el inmueble deberá ser tasado por un perito designado judicialmente o por el tasador privado que elijan los copropietarios, y una vez fijado el valor del inmueble, se iniciará la fase de subasta, empezando por la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y en el Portal de Subastas de la Administración de Justicia.

En la actualidad, la subasta se lleva a cabo mediante un sistema electrónico de pujas en el que puede participar cualquier persona que cumpla los requisitos de identificación y consignación de un depósito.

La subasta dura 20 días naturales, durante los cuales los licitadores pueden realizar sus pujas, y finaliza el último día, cuando transcurra una hora sin que nadie ofrezca una puja que mejore la anterior.

Finalmente, el Portal de Subastas emite un certificado con los datos del licitador que ha ofrecido la puja más alta, que resultará ser el adjudicatario del inmueble, siempre que consigne en plazo el precio total. 

Si el adjudicatario resulta ser uno de los copropietarios, se descontará del total la parte que le correspondería percibir a él, de modo que no será necesario que abone el precio completo.

¿Qué ocurre si el inmueble está hipotecado?

Si existe una hipoteca sobre el inmueble, este gravamen será tenido en cuenta a la hora de fijar el precio por el que se ofrece el inmueble en la subasta.

En cuanto a los derechos del acreedor hipotecario una vez adjudicado el inmueble, el artículo 405 del Código Civil aclara que la división de una cosa común no perjudicará a tercero, el cual conservará los derechos de hipoteca, servidumbre u otros derechos reales que tuviera antes de la partición.

Por tanto, el destino del inmueble no influye en los derechos de terceros, y si el inmueble está gravado con una hipoteca, esta se mantiene en las mismas condiciones, y los deudores del préstamo hipotecario deberán seguir pagando, a menos que el nuevo adquirente del inmueble se subrogue en la hipoteca.

Guillermo Pérez Gómez
Guillermo Pérez Gómez

Guillermo está altamente especializado, desde sus inicios en el ejercicio, en la rama del derecho inmobiliario así como el asesoramiento a empresas en el ámbito mercantil. De esta forma, ha podido intervenir en importantes transacciones inmobiliarias asesorando tanto a empresas en la adquisición y venta de activos como a personas físicas.

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